La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, advirtió este miércoles en una entrevista con FM Mundo sobre indicios de un posible sabotaje en el derrame de crudo que desde el 13 de marzo afecta a Esmeraldas. Según la funcionaria, el Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) pudo haber sido intencionalmente dañado, una hipótesis que surge tras la rotura de una tubería en el sector El Vergel, cantón Quinindé, que ha contaminado 80 kilómetros de ríos, incluidos el Esmeraldas, Viche y Cube.
Manzano reveló un dato preocupante: un funcionario de Petroecuador habría abierto un dique de contención, permitiendo que el crudo confinado se esparciera y agravara el impacto ambiental.
“Después de las primeras investigaciones, vemos indicios de sabotaje. Un empleado abrió un dique, lo que no debía hacer, y dejó que la contaminación continuara afectando los ríos”, afirmó la ministra, calificando el acto como una acción deliberada que está bajo escrutinio.
Este incidente, que obligó a suspender el bombeo de 121.000 barriles diarios según Petroecuador, ha generado una crisis ambiental en una provincia ya golpeada por la inseguridad y el abandono.
La ministra enfatizó la urgencia de investigar a fondo estos hechos para identificar a los responsables. “No vamos a permitir que esto quede en la impunidad. Estamos coordinando con la Fiscalía y las autoridades competentes para determinar si fue un acto aislado o parte de algo más grande”, señaló, sin descartar que intereses económicos o criminales puedan estar detrás del daño al SOTE, una infraestructura clave que transporta el 60% del crudo ecuatoriano desde la Amazonía hasta el puerto de Balao.
El derrame, detectado el 13 de marzo tras una alerta de presión anómala en el kilómetro 162 del oleoducto, ha afectado fuentes de agua esenciales para comunidades como San Mateo y Tabiazo, dejando a más de 10.000 personas sin acceso a agua potable según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
Petroecuador ha desplegado 200 trabajadores y 15 embarcaciones para contener el crudo con barreras y dispersantes, pero las labores se han complicado por las lluvias y el difícil acceso al terreno.
Manzano informó que el Ministerio de Energía ya solicitó un peritaje técnico independiente para confirmar las causas del daño en la tubería, mientras la Fiscalía abrió una indagación previa por delitos ambientales y posible sabotaje, que podría implicar penas de hasta siete años bajo el artículo 251 del COIP si se prueba intencionalidad. La ministra también anunció sanciones internas al empleado involucrado, cuya identidad no fue revelada, y prometió medidas para evitar futuros incidentes.
Este evento se suma a una serie de desafíos para el gobierno de Daniel Noboa, que enfrenta críticas por la gestión ambiental y la seguridad de infraestructuras críticas. Organizaciones como Yasunidos han exigido transparencia y responsabilidades, mientras los habitantes de Esmeraldas claman por soluciones inmediatas a una contaminación que amenaza su salud y medios de vida.
