El Oro

Asambleísta Steven Ordóñez defendió que no se incrementen años de jubilación para servidores públicos

Durante el segundo debate de la Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, el asambleísta de El Oro, Steven Ordóñez, desmintió categóricamente que se hayan recortado derechos laborales o modificado la Ley de Seguridad Social.

“Aquí no se ha tocado el artículo 185 de la ley de seguridad social ni se ha puesto en riesgo ningún derecho, porque no se ha modificado la edad de jubilación”, manifestó Ordóñez.

El legislador orense aclaró que nunca se han modificado la edad ni las condiciones legales de jubilación, puesto que no se ha modificado la Ley de Seguridad Social, enfatizó que en la Disposición Reformatoria Séptima incluida en la ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas ahora se reafirma el derecho a la compensación económica por retiro voluntario a los 60 años, brindando seguridad jurídica a médicos, docentes, enfermeros y demás trabajadores del sector público, reafirmando su compromiso con los trabajadores públicos y destacando que la política debe ser constructiva y propositiva, lo que constituye una garantía para tranquilidad de los servidores públicos, a quienes debemos nuestro trabajo enfatizó.

Además, Ordóñez destacó que la Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, tiene impacto directo en la seguridad territorial, la protección ambiental y el respeto a los derechos de sectores clave como pescadores artesanales, actores de la economía popular y solidaria y servidores públicos.
Ordóñez defendió el Artículo 6, que permite la intervención temporal y coordinada de la Policía y Fuerzas Armadas en zonas protegidas cuando se detecte actividad criminal, sin reemplazar a los guardaparques.

La Disposición General Primera remite el 100% del pago por arrendamiento de infraestructura portuaria artesanal, aliviando costos para pescadores y cooperativas de transporte marítimo afectadas por la caída del turismo.

La Disposición Transitoria Primera establece convenios de pago con remisión de intereses para deudas de hasta 2 millones, excluyendo a autoridades, jerárquicos superiores y sus allegados, garantizando transparencia y apoyo a los empresarios que generan empleo.

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