Después de que estallara el caso #Mestástasis, a más de dos años, Mayra Salazar vuelve a resonar en el ámbito judicial, al exigir la ejecución de resoluciones que, según afirma, pese a haber cumplido su condena por delincuencia organizada, aún no se han aplicado plenamente decisiones judiciales que le resultan favorables.
En marzo de 2025 un juez ordenó levantar las restricciones económicas que pesaban sobre ella. No obstante, sostiene que en la práctica esas limitaciones continúan vigentes, ya que siguen registradas en los sistemas oficiales.
En un escrito remitido a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Salazar advierte que la prohibición de disponer de sus bienes no ha sido eliminada de los registros, lo que le impide realizar transacciones o cualquier trámite sobre sus propiedades ubicadas en Guayaquil y Daule. Esto, pese a que afirma que existe una resolución judicial que dejó sin efecto dichas medidas hace cerca de un año.
Su defensa argumenta que la medida cautelar fue revocada tras comprobarse el cumplimiento total de la sentencia, pero que su ejecución se ha visto frenada por trabas administrativas. Por ello, solicitan que se notifique de forma inmediata a los Registros de la Propiedad de ambos cantones, además de la entrega de copias certificadas de los oficios, con el fin de gestionar directamente la cancelación de las anotaciones vigentes.
Mayra Salazar fue una figura relevante dentro del caso Metástasis, una red de corrupción judicial que salió a la luz tras el análisis de los chats del narcotraficante Leandro Norero. Durante el proceso, colaboró con las autoridades, aportando información que permitió evidenciar nexos entre operadores judiciales, actores políticos y estructuras delictivas.
Actualmente, permanecería fuera del país y sigue a la espera de que se concrete la liberación total de su patrimonio.
