Las investigaciones en el caso de Aidita Pamela Ati concluyeron el 30 de agosto y lo que parecería un evidente femicidio tomó un giro de 180° con un último informe forense que concluye que la causa de la muerte de la subteniente fue un edema pulmonar por intoxicación alcohólica, es decir, fue accidental.
Pero, ¿por qué las investigaciones que han durado 60 días no han dado claridad de lo que sucedió? Tanto los abogados de los procesados como de la parte acusatoria se quejan de la fiscal Eulalia Rodríguez Quito, quien estuvo a cargo del caso durante 50 de los 60 días de la instrucción fiscal.
Aidita Ati fue hallada sin vida la madrugada del 29 de junio en su dormitorio en el Fuerte Militar Napo.
Como correspondía, la perito realizó la autopsia preliminar y concluyó que su muerte fue por asfixia mecánica “porque los autores no querían ser identificados”. Que su cuerpo presentaba golpes, que en sus partes íntimas se encontró un líquido blanquecino y que había enrojecimiento e inflación en el himen.
Galo Quiñónez es el tercer abogado al que recurre la familia Ati. Tomó el caso faltando apenas seis días laborables para que concluya la instrucción fiscal. Asegura que las defensas anteriores, así como la fiscal,no pidieron pruebas determinantes para corroborar lo encontrado por la perito.
Es decir, durante los 48 días de instrucción fiscal no se pidieron y no se hicieron los exámenes para encontrar si esos fluidos blanquecinos pertenecen a algunos de los seis militares procesados. Tampoco se realizaron exámenes para encontrar ADN en las uñas de la subteniente, ya que también se encontraron rasguños en tres militares procesados.
Recién se hicieron en los 12 últimos días y por eso se realizó una exhumación a pedido de la familia Ati, explicó el abogado. ¿Por qué no se hicieron antes? «Por ineptitud de la fiscal de Orellana y de los dos anteriores abogados de la familia Ati». Se prevé que esos exámenes se conozcan recién el 20 de septiembre y pueden enterrar el caso o dar más luces sobre una muerte violenta.
Por todos estos inconvenientes, la fiscal Eulalia Rodríguez fue cambiada por una de Quito, María Isabel Jiménez, misma que tuvo hace dos años el caso de María Belén Bernal.
La nueva fiscal, con bases en todas las pruebas recabadas, puede dar un dictamen abstentivo o un dictamen acusatorio.
Para lo primero, la fiscal necesita elevar su decisión al fiscal provincial, quien puede cobijar su decisión o darle la contraria y pedir una audiencia preparatoria de juicio. Si esto no ocurre, el caso se cerrará y Quiñónez prevé acudir a cortes internacionales «por la deficiente investigación» de la primera fiscal.
Si ocurre lo segundo, durante la audiencia preparatoria de juicio, Quiñónez pedirá que el caso se retrotraiga hasta el día 15 de la instrucción fiscal para pedir un informe de autopsia dirimente con peritos internacionales.
Por su parte, Porojnia también alegará los vicios de procedimiento de la primera fiscal y pedirá el sobreseimiento para su cliente, es decir, que se declare su inocencia al no ser llamado a juicio.
La jueza de violencia intrafamiliar, Mireya Torres, es la encargada del caso. Ella dictó medidas alternativas a la prisión preventiva a los procesados.
