El juez Renán Andrade rechazó la solicitud de prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y 10 personas más, vinculadas a una investigación por presunto tráfico ilegal de hidrocarburos. Lo hizo durante una audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito, iniciada el martes 9 de abril, para garantizar el debido proceso tras la petición de la Fiscalía General del Estado.
El magistrado ordenó medidas cautelares que incluyen el uso de un grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos veces por semana ante la justicia. La decisión se tomó tras evaluar los argumentos de la Fiscalía, que buscaba formalizar cargos por almacenamiento, transporte y comercialización indebida de combustibles subsidiados. La audiencia, instalada el 9 de abril de 2025, culminó este 10 de abril. Este fallo evita la detención del alcalde, pero lo mantiene bajo vigilancia estricta.
El proceso contra el alcalde Aquiles Álvarez
La investigación, conocida como Caso Triple A, comenzó en julio de 2024 tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Esta señaló irregularidades en empresas como Copedesa S.A., donde Álvarez y sus hermanos, Antonio y Xavier, son accionistas.
Según el fiscal Leonardo Alarcón, dichas compañías habrían desviado millones de galones de diésel y gasolina subsidiados hacia sectores no autorizados, como zonas fronterizas e industrias, incumpliendo contratos con Petroecuador.
Durante la diligencia, la Fiscalía expuso contratos firmados por Álvarez entre 2021 y 2022, cuando presidía Copedesa, y registros de despachos sospechosos en 2023, ya como alcalde. A pesar de ello, el juez consideró que no había riesgo suficiente para ordenar prisión preventiva, extendiendo la instrucción fiscal por 30 días más.
Reacción del alcalde Aquiles Álvarez
El alcalde reaccionó en su cuenta de X el 9 de abril a las 23:06, calificando el proceso como una «persecución política» del gobierno. Afirmó que la audiencia era un «mamotreto armado» y que el fiscal Alarcón carecía de pruebas sólidas. «Aquí estoy, no he huido ni huiré», escribió, exigiendo transparencia y audiencias públicas. Álvarez sigue al frente de Guayaquil, pero bajo las medidas impuestas por el juez Andrade.
Contexto del Caso Triple A
El caso ha puesto bajo escrutinio la gestión de combustibles subsidiados en Ecuador, un tema sensible por su impacto económico y social. La Fiscalía sostiene que las irregularidades detectadas generaron pérdidas al Estado, mientras el proceso judicial mantiene la atención pública. La decisión de hoy deja abierta la investigación, con posibles implicaciones políticas y legales aún por definirse.
