El reconocido cantante colombiano Charlie Zaa, ícono del bolero y la música romántica en América Latina, es investigado por la Fiscalía General de Colombia por presunto testaferrismo y lavado de activos en alianza con grupos paramilitares.
La investigación, abierta formalmente el pasado 5 de julio, surge en el marco de la Ley de Justicia y Paz, luego de que varios exintegrantes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) señalaran a Zaa —cuyo nombre real es Carlos Alberto Sánchez Ramírez— de haber prestado su nombre para adquirir y administrar bienes financiados con recursos ilegales.
Según la Fiscalía, los bienes a nombre del artista —incluyendo el centro comercial Oasis en Girardot y las discotecas Kapachosy Solaris en Ibagué— habrían sido utilizados como fachada para operaciones de lavado de dinero, en coordinación con el fallecido comandante paramilitar Daniel Goyeneche, alias Daniel.
El testaferrismo es cuando una persona presta su nombre para ocultar los bienes o el dinero de otra, generalmente para encubrir actividades ilegales como el narcotráfico o la corrupción.
El valor total de los inmuebles sujetos a extinción de dominio supera los 25.000 millones de pesos colombianos (alrededor de USD 6,1 millones).
En los testimonios, exparamilitares como Indalecio José Sánchez (alias Fredy) y Óscar Oviedo Rodríguez afirman que Zaa habría facilitado transacciones con dinero del narcotráfico a través de esos inmuebles, algunos de los cuales habrían sido registrados a nombre de terceros para ocultar su verdadero origen.
En un comunicado difundido el 7 de julio a través de sus redes sociales, Charlie Zaa negó categóricamente cualquier nexo con estructuras armadas ilegales y reiteró que su patrimonio es fruto de más de tres décadas de trabajo artístico:
“Todo lo que tengo ha sido construido con esfuerzo, honestidad y gracias al respaldo del público que me ha acompañado durante tantos años”, escribió el intérprete de Flor sin retoño.
Su equipo legal, liderado por el bufete Alberto Barrios & Abogados Asociados, calificó como “completamente erróneas y fuera de la realidad” las acusaciones y explicó que no existen pruebas materiales que vinculen al artista con las AUC.
También aclararon que la imposición de medidas cautelares no constituye una condena, y que ya se ha entregado documentación que acredita la legalidad de los bienes.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE)tiene bajo custodia las propiedades mientras avanza el proceso, cuya próxima audiencia está programada para julio de 2026, ante una Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
Pese al escándalo, el cantante de 51 años anunció que no cancelará sus compromisos profesionales. Continuará con la promoción de su más reciente disco, La Historia Continúa, donde participa junto a su hijo Aaron Zaa, Pancho Barraza y la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
