La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al estado ecuatoriano que tiene 3 meses, para justificar las causas por las cuales se declaró en 1997 la “incapacidad mental” del entonces mandatario.
El llamado sería vinculante, al ser Ecuador signatario del organismo.
El 6 de febrero de 1997, apenas 6 meses después de asumir el cargo, el entonces Congreso Nacional resolvió la “incapacidad mental” de Bucaram, y lo declaró cesante, sin un examen médico previo.
Pero en lugar de asumir la vicepresidenta, Rosalía Arteaga, tomó el poder el entonces titular de la Legislatura, Fabián Alarcón, por un periodo de año y medio.
Ecuador tiene 3 meses para presentar sus descargos y justificaciones.
En caso de no presentar argumentos válidos, el estado ecuatoriano podría ser condenado a pagar una indemnización a Bucaram, por varios millones de dólares.
