La Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con seis votos a favor, el miércoles 23 de julio, el informe para segundo debate de una reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución, impulsada por el presidente Daniel Noboa. La propuesta busca eliminar el fondo partidario y el fondo de promoción electoral, mecanismos que han destinado cerca de 260 millones de dólares desde 2008 para financiar a organizaciones políticas y sus campañas electorales, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La reforma, que será debatida en el pleno de la Asamblea en las próximas semanas, plantea que los partidos y movimientos políticos dejen de recibir recursos públicos, incluso en años sin elecciones. Actualmente, el fondo partidario asigna anualmente a las organizaciones políticas un porcentaje del Presupuesto General del Estado, mientras que el fondo de promoción electoral cubre gastos de campañas, como publicidad. En 2023, el CNE distribuyó 12.3 millones de dólares a 17 partidos y movimientos, según reportes oficiales, lo que ha generado críticas por el uso ineficiente de recursos en un contexto de crisis económica.
La iniciativa de Noboa, presentada en abril de 2025, argumenta que eliminar estos fondos fortalecerá la autonomía financiera de los partidos y reducirá el gasto público, permitiendo redirigir recursos a áreas prioritarias como salud y educación. Sin embargo, sectores de oposición, como la Revolución Ciudadana, han advertido que la medida podría beneficiar a grupos con acceso a financiamiento privado, limitando la participación de movimientos pequeños. La Comisión, presidida por Jorge Peñafiel (Construye), incorporó al informe medidas para regular el financiamiento privado y evitar la influencia de capitales ilícitos.
El debate en el pleno de la Asamblea, programado para agosto, requerirá 92 votos para aprobar la enmienda, que luego sería ratificada por la Corte Constitucional. La propuesta ha generado división: mientras el oficialismo y aliados como el Partido Social Cristiano la respaldan, otros sectores exigen mayor fiscalización del gasto electoral privado. La reforma, de aprobarse, marcaría un cambio histórico en el sistema político ecuatoriano, al eliminar un mecanismo de financiamiento vigente desde la Constitución de 2008.
