El 15 de julio de 2025, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja ratificó la sentencia de nueve años de prisión contra Víctor Hugo A. C. por abusosexual agravado contra su nieta, entonces de 6 a 8 años, entre 2019 y 2021. La Fiscalía demostró que el condenado usó amenazas para perpetrar los actos, causando un grave impacto emocional a la víctima. Además, se ordenó una multa y terapia psicológica como reparación integral.
Una multa en la sentencia
La decisión judicial también ratificó el pago de una multa. El monto no fue especificado públicamente, y la provisión de terapia psicológica para la víctima como parte de la reparación integral.Según la Fiscalía, el procesado aprovechó su posición de autoridad como abuelo para perpetrar los abusos, utilizando amenazas y chantajes para silenciar a la menor.
La Fiscal del caso detalló que el agresor advertía a la niña que se autolesionaría si ella revelaba los hechos, generando un profundo trauma emocional. Este impacto fue corroborado por pericias psicológicas presentadas durante el juicio, que evidenciaron las secuelas en la víctima por abuso sexual.
Pruebas contundentes del abuso sexual
La Fiscalía sustentó la acusación con pruebas sólidas. El testimonio anticipado de la víctima, protegida bajo los protocolos legales, fue clave, ya que narró los hechos con claridad e identificó plenamente a su agresor. Este relato fue respaldado por los testimonios de profesionales que realizaron pericias psicológicas y médicas, aplicando el Protocolo de Investigación de Delitos de ViolenciaSexual.
Estas evaluaciones confirmaron la veracidad de los hechos y el daño causado a la menor. El Tribunal de primera instancia, cuya decisión fue ratificada, valoró adecuadamente las pruebas, desestimando intentos extrajudiciales del procesado por inducir a la víctima a retractarse.
La Sala Penal destacó que las evidencias fueron suficientes para establecer la responsabilidad penal de Víctor Hugo A. C., tipificada en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el abuso sexual con penas de siete a diez años, agravadas en este caso por la relación de parentesco y la vulnerabilidad de la víctima.
En Loja, los casos de abuso sexualintrafamiliar representan una proporción significativa, reflejo de dinámicas de poder y silencio que dificultan la denuncia. La sentencia en este caso refuerza el compromiso del sistema judicial con la protección de las víctimas y la sanción de los responsables.
El uso del testimonio anticipado y las pericias especializadas, como las aplicadas en este caso, son herramientas clave en la investigación de delitos sexuales. El Protocolo de Investigación de Delitos de Violencia Sexual, implementado por la Fiscalía, garantiza un enfoque sensible que protege los derechos de las víctimas, especialmente menores, evitando su revictimización durante el proceso judicial.
