QUITO, PICHINCHA. – Tras la calificación unánime efectuada el pasado 15 de enero, la Asamblea Nacional oficializó el cronograma para el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo. El proceso, impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana, busca determinar su responsabilidad en un presunto incumplimiento de funciones.
Cronograma y fases del proceso
Bajo la normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el calendario (sujeto a posibles prórrogas) se ha definido de la siguiente manera:
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Hasta el 31 de enero de 2026: Mario Godoy deberá presentar su contestación oficial y las pruebas de descargo pertinentes.
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Del 1 al 10 de febrero: Fase de actuación de pruebas, donde se evacuarán testimonios y documentación de ambas partes.
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Del 11 al 15 de febrero: La Comisión de Fiscalización redactará y difundirá el informe motivado que recomendará el archivo o la continuación del juicio en el Pleno.
Cabe destacar que la Comisión, liderada por Ferdinan Álvarez, tiene la facultad de solicitar una extensión de hasta 15 días adicionales para profundizar en investigaciones complejas, lo que podría desplazar el debate final hasta el mes de marzo.
Las causales de la interpelación
Los asambleístas proponentes, entre ellos Viviana Veloz y Xavier Lasso, fundamentan su acusación en 23 piezas informativas que señalarían:
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Presiones indebidas: Supuesta injerencia en las decisiones de magistrados, destacando el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano.
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Conflictos de interés: Falta de imparcialidad en la gestión administrativa de la justicia.
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Opacidad: Cuestionamientos a la transparencia en el manejo de la institución.
Respuesta del titular de la Judicatura
Por su parte, Mario Godoy ha manifestado su disposición de comparecer ante el Legislativo. El funcionario aseguró que defenderá su gestión y su honorabilidad frente a los señalamientos, calificando el proceso como una oportunidad para transparentar las acciones del organismo que preside.
El destino de Godoy quedará en manos de los 137 asambleístas una vez que el informe llegue al Pleno, donde se requerirán los votos necesarios para una eventual censura y destitución.
