En un esfuerzo coordinado para frenar el avance de las economías criminales que asfixian al sector comercial y de la construcción, la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional ejecutó una serie de allanamientos simultáneos. La operación permitió el desmantelamiento de una peligrosa organización delictiva especializada en la modalidad de «vacunación», la cual mantenía bajo zozobra a propietarios de negocios y contratistas de obras públicas.
Incursión táctica en el norte y centro
El despliegue policial se concentró en tres puntos estratégicos de la urbe: los sectores residenciales de Sauces y Samanes, en el norte, y el sector 9 de Octubre, en el corazón del centro de Guayaquil. Mediante la ejecución de órdenes de allanamiento, los agentes lograron neutralizar a los integrantes de esta red, quienes operaban mediante un esquema de jerarquías para amedrentar a sus víctimas.
De acuerdo con los informes de inteligencia, el grupo no solo apuntaba a pequeños comercios de barrio, sino que había escalado sus exigencias hacia contratistas que ejecutan obras en la avenida Narcisa de Jesús. En uno de los casos documentados, los delincuentes exigían el pago inmediato de 5.000 dólares, bajo la amenaza de atentar contra la maquinaria de las obras o la integridad física de los trabajadores si no se cumplía con la cuota impuesta.
Perfil criminal y tácticas de evasión
La peligrosidad de la banda quedó evidenciada tras la verificación de los antecedentes de los ahora detenidos. Varios de los sospechosos registran procesos judiciales previos por delitos graves como asesinato y secuestro, lo que explica el nivel de violencia utilizado en sus amenazas.
Para evitar ser rastreados por las unidades tecnológicas de la Policía, la organización empleaba tácticas avanzadas de comunicación. Según el reporte técnico, utilizaban chips de telefonía internacional en sus dispositivos móviles, intentando con ello desviar el origen de las llamadas y mensajes extorsivos fuera de la jurisdicción nacional. No obstante, las labores de triangulación e inteligencia permitieron localizarlos.
Judicialización y evidencias
Durante los allanamientos, se incautaron múltiples elementos que serán fundamentales en el proceso penal, incluyendo equipos de comunicación, dinero en efectivo y documentos con listas de posibles víctimas. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado, donde enfrentarán cargos por los delitos de:
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Extorsión: Por el cobro de cuotas ilegales mediante amenazas.
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Asociación ilícita: Por la estructura organizada para cometer actos delictivos.
Un llamado a la resistencia civil
Tras el éxito del operativo, la UNASE y los mandos regionales de la Policía Nacional ratificaron su postura de «tolerancia cero» ante las redes de extorsión. Hicieron un llamado enfático a los ciudadanos, especialmente a aquellos en sectores productivos, para que no cedan ante el chantaje y utilicen la línea de emergencia 911 o los canales oficiales de denuncia anónima.
