El Pleno del Consejo de la Judicaturadestituyó este 24 de junio de 2025, de manera unánime, a seis jueces de la provincia de El Oro por incurrir en un error inexcusable al declarar inocente a Daniel Salcedo, su hermano Noé Salcedo y otros procesados en un caso de lavado de activos.
La resolución se adoptó en la sesión ordinaria No. 055-2025, informó la entidad en un comunicado. La sanción se dio luego de que se determinara que los magistrados emitieron sentencias absolutorias en favor de seis empresas y cuatro personas vinculadas al delito de lavado de activos. La decisión de los magistrados se aplicó a una causa previamente revisada por instancias superiores.
Parte de los jueces destituidos por beneficios a Daniel Salcedo pertenecen al Tribunal de Garantías Penales de Machala (M.J.Z.T., W.P.L.L., R.M.A.C.). Y otros, a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro (J.D.S.P., O.J.P.A., M.J.M.G.). Los nombres completos no fueron provistos por la Judicatura y solo se proporcionaron iniciales.
Según el Consejo de la Judicatura, los jueces incurrieron en una falta gravísima tipificada en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, al realizar una interpretación jurídica calificada como “inaceptable”.
La Corte Nacional de Justicia, mediante su Sala Especializada en materia penal y de crimen organizado, había advertido ya el 22 de marzo de 2024 que la decisión judicial en El Oro se apartaba de lo establecido en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el lavado de activos en seis modalidades.
Fundamentos de la destitución
La destitución se fundamenta en la vulneración de principios esenciales del sistema judicial, detalla la Judicatura. La entidad considera que los jueces no solo desconocieron los elementos que configuran el delito. Argumenta que además pusieron en riesgo la seguridad jurídica e integridad de las decisiones judiciales.
El Consejo de la Judicatura subrayó que los magistrados tienen la obligación de garantizar una correcta aplicación de la ley y de proteger los derechos, sin caer en interpretaciones que extralimiten su función o distorsionen el sentido de la norma penal. La actuación de los jueces en el caso Daniel Salcedo, concluyó el organismo, constituye un uso ilegítimo de la potestad jurisdiccional.
