La ley de integridad hace modificaciones al modelo laboral de los servidores públicos cuya productividad no estaba sistematizada. Esta vez el enfoque es que la estabilidad de los funcionarios esté condicionada a resultados de calidad y eficiencia que se medirán en evaluaciones periódicas, incluso para quienes hagan teletrabajo.
Para eso reforma la ley de servicio público donde se establece que el Ministerio de Trabajo debe incorporar un sistema informático que cuente con alertas para reportar incumplimientos de los indicadores de desempeño y disciplinarios aplicados a los servicios ciudadanos. Esa plataforma debe estar integrada a recursos humanos y mantenerse actualizada.
Las evaluaciones serán cada 6 meses para medir la calidad del trabajo, la conducta institucional, la eficiencia y la responsabilidad en las entidades del estado, incluso las contrataciones públicas.
Los resultados de estas pruebas podrán ser usados para desvincular a los empleados por bajo desempeño conforme a una normativa que tendrá que emitir el Ministerio de Trabajo.
Reforma las causales de destitución para precisar que los funcionarios que en dos ocasiones tengan una calificación de insuficiente o por tercera vez sea de satisfactorio, podrán ser despedidos.
Quienes obtengan una calificación regular podrán ser reevaluados en un plazo de 3 meses, si nuevamente sacan el mismo resultado o descienden, serán desvinculados.
Los empleados cuya evaluación seasatisfactoria tendrán acceso a programas de formación, y aquellos que tengan muy bueno o excelente tendrán prioridad para ascensos.
El estado también deberá hacer estudios técnicos de las remuneraciones considerando criterios de eficiencia institucional.
