El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que quienes estén amparados por estos programas deberán abandonar el país antes del 31 de julio, salvo que logren cambiar su estatus migratorio de manera legal. De lo contrario, podrían enfrentar procesos de deportación.
La revocación de estos permisos ha generado una profunda preocupación entre comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y abogados de inmigración. Muchos de los afectados ya estaban integrados en el sistema laboral estadounidense, trabajando en sectores esenciales como el cuidado de personas mayores, construcción y agricultura.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y America’s Voice han criticado duramente la medida, calificándola como inhumana y contraria a los valores fundamentales de Estados Unidos.
Mientras tanto, expertos legales recomiendan a los migrantes afectados buscar asesoría inmediata para explorar opciones como solicitudes de asilo, visas especiales o ajustes de estatus, aunque reconocen que las alternativas son limitadas y los plazos, cortos.
Para miles de familias, el futuro es ahora incierto. La revocación de estos programas no solo amenaza con separar hogares, sino que también agrava un sistema migratorio ya colapsado, sin una reforma integral que permita a los migrantes quedarse en el país norte americano.
Este giro en la política migratoria marca un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la inmigración en Estados Unidos, donde la lucha entre seguridad fronteriza y derechos humanos continúa siendo uno de los temas más conflictivos del país.
Los ciudadanos nicaragüenses amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) serán los directamente afectados por la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de dar por concluido este beneficio el próximo 5 de julio de 2025.
El TPS fue otorgado por primera vez a Nicaragua el 5 de enero de 1999, tras el paso del huracán Mitch en 1998, un desastre natural que dejó severos daños en el país. En respuesta a la emergencia humanitaria, Estados Unidos implementó esta medida para brindar un respiro a los afectados, permitiéndoles rehacer sus vidas en condiciones más seguras.
Ahora en 2025 el gobierno estadounidense da un paso atrás en estos tratados y solicitando la salida voluntaria de los migrantes irregulares incluso ofreciendo compensaciones económicas para salir de forma voluntaria del país.