Una reciente directriz interna del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), en vigor desde finales de enero de 2026, ha encendido las alarmas en el sector periodístico del país. La disposición establece un nuevo protocolo de filtrado que permite a la institución militar seleccionar qué medios y comunicadores pueden cubrir sus operaciones, basándose en un análisis previo de su comportamiento informativo.
El filtro militar: ¿Seguridad o censura?
La medida faculta a las unidades de comunicación de las FF.AA. para realizar un monitoreo preventivo de los contenidos publicados por los periodistas. Aquellos comunicadores cuya línea editorial sea considerada perjudicial para la «imagen institucional» o que, a juicio militar, «debiliten la confianza pública», enfrentarán restricciones severas, tales como:
-
Exclusión de ruedas de prensa en áreas de conflicto.
-
Prohibición de acompañamiento en operativos de seguridad y control de armas.
-
Veto para entrevistas con altos mandos.
La postura oficial: Protección operativa
Ante las críticas, el Comando Conjunto sostiene que la medida no busca silenciar a la prensa, sino salvaguardar la seguridad de sus elementos. Según voceros oficiales, en el contexto del actual conflicto interno, se han identificado casos donde la difusión de rutas de patrullaje e identidades de uniformados ha comprometido la integridad del personal y el éxito de las misiones.
Gremios periodísticos denuncian «precedente peligroso»
La respuesta de los organismos de libertad de expresión no se hizo esperar. Diversas asociaciones de prensa coinciden en que condicionar el acceso a la información basándose en la «imagen institucional» es un criterio subjetivo que abre la puerta a la censura previa.
«El escrutinio público es fundamental, más aún cuando los militares ejercen funciones de seguridad interna. Restringir el acceso a las voces críticas impide que la ciudadanía conozca posibles excesos durante los estados de excepción», señalaron los gremios en un comunicado conjunto.
El debate queda servido en un momento en que la transparencia institucional y la seguridad nacional parecen caminar por senderos opuestos, poniendo a prueba los límites de la labor periodística en zonas de alto riesgo.
