El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, anunció el 23 de julio, a través de su cuenta en X, que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa sobre los contratos adjudicados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) durante la emergencia eléctrica de 2024.
Luque, quien ejerció como ministro encargado de Energía y Minas entre abril y junio de 2024, aseguró su total colaboración para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del proceso. “Reconozco y valoro la importancia de contar con el espacio adecuado para ofrecer mi versión de los hechos”, expresó.
La investigación se enfoca en contratos otorgados a Progen Industries LLC (EE. UU.) y Austral Technical Management (ATM) para instalar centrales termoeléctricas en Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW), con un costo de 149.1 millones de dólares. Según un informe de la Contraloría General del Estado, estos contratos habrían causado un perjuicio de 100 millones de dólares, debido a irregularidades como la falta de certificados de fabricación de los equipos y discrepancias en los modelos de motores entregados, según reportes de El Universo y El Telégrafo.
Luque defendió las contrataciones como una medida urgente para enfrentar apagones de hasta 14 horas diarias durante la crisis energética. Sin embargo, una denuncia presentada el 18 de julio de 2024 por Marlon Pasquel acusó a Luque y al exgerente subrogante de CELEC, Fabián Calero, de presunto tráfico de influencias en la contratación de una barcaza con la empresa turca Karpowership. La Fiscalía ha solicitado información detallada sobre los procesos contractuales, y el caso podría derivar en responsabilidades penales si se confirman irregularidades.
El proceso ha generado críticas al manejo de la emergencia eléctrica y al uso de recursos públicos por parte de CELEC, una de las principales empresas estatales de Ecuador. Luque, también delegado presidencial en los directorios de CELEC y CNEL, reiteró su compromiso con la transparencia y pidió a la Contraloría un examen especial sobre el contrato de Karpowership. La investigación sigue en etapa preliminar, pero mantiene la atención pública en un contexto de cuestionamientos a la gestión energética.
