El Ejecutivo ha dado un paso decisivo en su agenda de austeridad. El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD, una iniciativa que busca erradicar el uso de prefecturas, municipios y juntas parroquiales como «agencias de empleo» y limitar el gasto en eventos suntuarios.
La reforma ataca directamente el exceso de personal en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Durante años, estas instituciones han sido señaladas por engrosar sus nóminas para pagar favores de campaña o cuotas políticas. La propuesta establece que la contratación debe basarse estrictamente en el mérito técnico y perfiles idóneos, eliminando la designación por parentesco o lealtad partidista.
Meta 2029: 70% para inversión
El núcleo de la ley es la imposición de una nueva regla fiscal progresiva. Los GAD deberán ajustar sus presupuestos bajo el siguiente esquema:
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2027: Mínimo 60% destinado a inversión.
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2028: Incremento al 65%.
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2029: Meta final del 70% de recursos para obras y servicios.
Esta medida reduce drásticamente el margen para el gasto corriente (sueldos y administración), obligando a las autoridades a sanear sus plantillas y optimizar el uso de los recursos estatales.
La normativa también pone la lupa sobre los gastos considerados innecesarios o suntuarios que actualmente drenan los fondos públicos, tales como:
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Eventos sociales y reinados: Financiamiento de certámenes de belleza y conciertos masivos con artistas internacionales.
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Publicidad oficial: Se limitará el uso de pauta masiva en medios para promocionar la imagen personal de alcaldes y prefectos.
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Torneos: Control sobre eventos deportivos o culturales sin impacto real en el desarrollo local.
Sanciones y autonomía
Desde el Gobierno se enfatiza que no se busca vulnerar la autonomía, sino garantizar que el dinero llegue a necesidades básicas como agua potable, alcantarillado y vialidad. Aquellos gobiernos locales que incumplan con las metas de eficiencia financiera enfrentarán una reducción en sus asignaciones fiscales para los periodos siguientes.
El proyecto entra ahora a debate legislativo, donde se anticipa una fuerte resistencia por parte de los gremios de municipalidades y prefecturas que defienden su autonomía presupuestaria.
