La Policía Nacional asestó un nuevo golpe contra el narcotráfico en el Puerto Marítimo de Guayaquil, donde se descubrió un millonario cargamento de droga procedente del extranjero.
El contenedor que arribó a Ecuador, tenía producto de exportación que provenía de Quetzal-Guatemala, con destino final a Barcelona-España.
A través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas se identificó el contenedor contaminado con más de media tonelada de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
El operativo denominada “Ares XXXIV” se llevó a cabo en uno de los puertos marítimos de la ciudad, este miércoles 27 de agosto, alrededor de las 16h00, luego de trabajos investigativos y de inteligencia; estos condujeron a la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), en coordinación con la Unidad Nacional Canina (CRAC) y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), a la revisión intrusiva, manual y visual de un contenedor.
La Policía detalló que una organización dedicada al tráfico internacional de drogas habría contaminado un contenedor a bordo de un buque que zarpó desde Guatemala, hizo escala en Guayaquil y tenía como destino final la ciudad de Barcelona, en España.
En el interior, el personal policial identificó 23 sacos de yute que contenían un total 801 bloques con una sustancia blanquecina, que al ser sometida a la prueba de identificación preliminar dio positivo para 799.398 gramos de clorhidrato de cocaína.
Adicional a la droga, se encontraron dos dispositivos GPS y dos juegos de sellos de seguridad con alteración. No se reportaron detenidos.
A través de esta operación, la institución policial informó que se impidió la comercialización de 7´993.980 dosis de alcaloides en el país europeo, cuyo valor estaría estimado en Europa en 37´371.860 dólares, afectando así a la economía de las estructuras criminales.
El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, a gran escala, previsto en el artículo 220, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La normativa contempla una pena de veintidós a veintiséis años de privación de libertad.
