La Policía Nacional ejecuta este miércoles 2 de julio operativos de control en los alrededores de al menos 15 unidades educativas de Durán, considerada la segunda ciudad más violenta del país, después de Guayaquil. Decenas de agentes participan en los registros, inspeccionando mochilas y bolsos de estudiantes, padres de familia y profesores que ingresan o salen de los planteles, así como también realizando patrullajes y revisiones en los sectores aledaños.
Desde tempranas horas de la mañana, las intervenciones han dejado resultados. Cerca de las 07:00, en la inmediación de un colegio ubicado en el sector de El Arbolito, los uniformados hallaron varias dosis de droga, una placa de protección balística y artículos utilizados para el consumo de marihuana.
El teniente coronel Santiago Gavilanes, jefe de la Policía Nacional de Durán, señaló que las dosis de droga encontradas se expenden entre cincuenta centavos y un dólar. Por otra parte, lamentó que los agentes no puedan ingresar a los centros educativos, por eso pidió cambios en la ley.
El oficial mencionó que al menos 30 menores de edad han sido aprehendidos este año en Durán por estar involucrados en delitos o en grupos criminales.
El Gobierno Nacional trabaja en un nuevo plan de seguridad para centros educativos, así fue anunciado el lunes 30 de junio por la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo.
Mediante el Ministerio de Educación se ha desplegado una estrategia integral «sin precedentes» que articula acciones estructurales, pedagógicas, territoriales y operativas bajo un solo principio: «proteger el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a la educación y a estudiar sin miedo», dijo Jaramillo.
La portavoz adelantó que enviarán una propuesta para reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, un acuerdo ministerial para la actuación de la fuerza pública dentro de las instituciones educativas, «sólo y únicamente cuando existe un peligro cierto y justificado».
Además, se buscará crear un comité nacional de emergencias educativas, algo parecido a un Comité de Operaciones de Emergencia (COE), y revisar los protocolos de actuación en casos de riesgo, violencia e inseguridad.
