La vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, solicitó este jueves a la Justicia ecuatoriana una acción de protección en contra del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General del Estado.
El recurso de garantías constitucionales contiene una medida cautelar solicitada dentro de sus 64 hojas, cuyo contenido aún no es accesible públicamente.
La demanda ha recaído en la jueza Gloria Mayorga, de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, de Quito, quien debería evaluar si admite a trámite el recurso.
La acción de protección fue solicitada por Abad apenas un día después de que pidiese a la Asamblea Nacional que inicie la “inmediata” fiscalización y control político sobre las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; y de Trabajo, Ivonne Núñez, por presunta persecución política.
En una carta de doce páginas a la que EFE tuvo acceso, Abad -quien actualmente despacha desde Turquía por temas de seguridad y por disposición del presidente, Daniel Noboa- asevera que el Ministerio de Trabajo ha iniciado contra ella un sumario administrativo por presunto abandono del cargo, por supuestamente no haber viajado a Ankara dentro del plazo otorgado por el Gobierno.
Abad, quien asevera que Noboa busca sacarla del poder para no delegarle la Presidencia cuando él pida licencia para hacer campaña electoral con miras a reelegirse en las elecciones de 2025, recordó en su carta que la pérdida de su cargo de vicepresidenta solo puede darse por las causas establecidas en la Constitución.
Para Abad, el sumario administrativo iniciado en su contra “no es sino otro acto de persecución política y hostigamiento”. “(Noboa) ha instaurado varios mecanismos para impedirme reemplazarlo en el cargo cuando se vea obligado a separarse de éste ante su inminente candidatura”, opinó la vicepresidenta.
La vicepresidenta asumió en la misiva que es la propia Cancillería la que estimuló el inicio del sumario administrativo en su contra por no haberse presentado en Ankara el 1 de septiembre conforme lo había dispuesto un viceministro.
“Esto es 8 días antes de lo que establece la ley”, apuntó Abad, que llegó a la capital turca el 9 de septiembre. La acción de protección solicitada a la Justicia y la petición a la Asamblea Nacional se da mientras el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene pendiente dirimir la demanda por presunta violencia política de género presentada por Abad contra Noboa, la canciller y otros dos funcionarios, entre ellas la asesora presidencial Diana Jácome, que ha contrademandado a Abad por los mismos cargos.
Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a colación el caso de presunta corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.
