La Fiscalía General del Estado avanza en la investigación del caso Ligados, centrando su atención en las bitácoras de ingreso y salida del departamento donde residía el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, en Quito. El objetivo es identificar quiénes entraron y salieron del inmueble ubicado en el edificio Torre Vicenza, al norte de la capital, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, un período clave en las presuntas actividades ilícitas atribuidas a Verduga y sus coacusados.
El fiscal a cargo, Wilson Toainga, solicitó a la administración del edificio copias certificadas de las bitácoras y preguntó si cuenta con un sistema de videovigilancia, incluyendo el tiempo de almacenamiento de las grabaciones. Esta información, requerida con un plazo de 72 horas según un oficio del 28 de marzo publicado por El Universo, busca corroborar los movimientos de Verduga —quien usaba el seudónimo “MonicaErtl” en chats periciados— y posibles cómplices durante los meses previos a su salida del país el 27 de enero por Rumichaca. La administradora del edificio confirmó que Verduga alquiló el departamento 904, completamente amoblado, desde el 15 de mayo de 2023 hasta finales de enero de 2025, lo que amplía el marco temporal de interés.
La Fiscalía acusa a Verduga, junto a los exconsejeros Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz, de ser autores directos del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión. Según el Ministerio Público, los procesados conformaron una red dentro del CPCCS para “proyectar un control del Estado” mediante tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y usurpación y simulación de funciones públicas. Estos actos, detallados en el dictamen de Toainga el 15 de marzo, habrían ocurrido entre noviembre de 2024 y el 22 de enero de 2025, cuando intentaron posesionar a Raúl González como Superintendente de Bancos, desoyendo la designación oficial de Roberto Romero Von Buchwald.
Las bitácoras y las grabaciones, si existen, podrían revelar reuniones clave. Chats extraídos del celular de Verduga, incautado el 24 de enero durante un allanamiento al CPCCS, muestran coordinaciones con figuras como Andrés Arauz y Rafael Correa (alias “Ají con Mote”) para manipular instituciones como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía sostiene que estas pruebas, junto con las visitas al departamento, evidencian una planificación estratégica para beneficiar al correísmo, especialmente de cara a las elecciones de abril de 2025, donde Luisa González es candidata.
Verduga, actualmente en Colombia según su última conexión telemática el 15 de marzo, enfrenta una orden de presentación quincenal desde el 31 de marzo y prohibición de salida del país, aunque su paradero exacto es desconocido tras no acatarla. Franco Loor, desde un hospital en Guayaquil, y Saltos, en Bogotá desde el 4 de marzo, también están bajo medidas cautelares, mientras Bonifaz permanece en funciones en el CPCCS. El caso, que suma 36 chats públicos y versiones de 11 asambleístas de ADN, sigue en instrucción fiscal por 90 días desde el 15 de marzo, con el juez Marco Aguirre supervisando.
