La sequía extrema y la caída drástica del nivel del embalse Mazar ponen en riesgo el suministro eléctrico del país, mientras las autoridades buscan soluciones urgentes.
La crisis energética en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes. La hidroeléctrica Mazar, una de las principales fuentes de generación eléctrica del país, ha experimentado una caída drástica en el nivel de su embalse, alcanzando este 15 de noviembre los 2110,47 metros sobre el nivel del mar, apenas por encima del límite mínimo de operación segura.
Esta situación crítica se debe a la prolongada sequía que afecta al país, con 121 días sin lluvias significativas en la región. La reducción del caudal de los ríos ha provocado una disminución drástica en la generación hidroeléctrica, con Mazar reportando apenas 480,46 MWh, una cifra muy por debajo de su capacidad.
Expertos advierten que la situación podría empeorar en los próximos días, ya que existe el riesgo de que el embalse alcance niveles de sedimentación críticos, lo que obligaría a detener completamente las turbinas y agravar aún más la crisis energética.
La dependencia de Ecuador de la energía hidroeléctrica se ha visto expuesta de manera dramática ante esta situación. Si bien Coca Codo Sinclair y Paute-Molino siguen operando, la falta de agua también está afectando su capacidad de generación.
La combinación de la sequía, la reducción de los cortes programados de energía y la suspensión de las importaciones de electricidad desde Colombia ha acelerado el consumo de los embalses y ha puesto al país al borde de un colapso energético.
Ante esta grave situación, las autoridades han hecho un llamado a la población a racionalizar el consumo de energía eléctrica y han anunciado la implementación de medidas adicionales para enfrentar la crisis, como la búsqueda de fuentes alternativas de generación y la optimización de los sistemas de distribución.
Sin embargo, la falta de lluvias a largo plazo y la dependencia del país de la energía hidroeléctrica plantean un desafío complejo y de largo plazo. Es fundamental que el gobierno, las empresas eléctricas y la sociedad en general trabajen en conjunto para encontrar soluciones sostenibles y garantizar el suministro eléctrico del país.